El 1º de mayo de 1853 los diputados de las provincias (excepto los de Buenos Aires), reunidos en Santa Fe, sancionaron la Constitución Nacional, en respuesta a una necesidad que surgió tras la Revolución de Mayo. Su objetivo era constituir la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior.
Nuestra Carta Magna tomó como principales fuentes la Constitución de EE. UU. (1788), la Constitución de Chile (1833), el libro Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina de Alberdi, los pactos preexistentes y el Acuerdo de San Nicolás. Estas fuentes funcionaron como modelos ideológicos, religiosos y estructurales.
Nuestra Constitución estableció como forma de gobierno la representativa, republicana y federal, el poder tripartito —ejecutivo, legislativo y judicial—, el culto católico como religión oficial y al mismo tiempo la garantía de libertad de culto.
La Constitución, junto con los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, funciona como ley suprema, de manera que las demás leyes, normas y decretos deben ajustarse a ésta y no contradecirla; caso contrario, éstos pueden ser declarados inconstitucionales.
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